La Inspección de Trabajo realiza una visita al centro de trabajo de uno de nuestros clientes con objeto de comprobar la temporalidad de la plantilla de la empresa. Tras esto, recibimos diligencia de citación por comparecencia en las dependencias de la Inspección, tras la cual, 14 meses después esta resuelve imponer a la empresa una sanción de 17.000 euros.

Ante tal resolución, interponemos recurso de alzada por cuanto nos percatamos de que la Inspección no ha cumplido con el plazo máximo de resolución de nueve meses que impone el artículo 17 de la Ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ante este recurso, la Jefatura Provincial de Inspección, sin necesidad de llegar a la vía judicial, revoca la resolución y la sanción a la empresa cliente.

Una empresa cliente mantenía un Código de Ocupación informado en la Tesorería General de la Seguridad Social que suponía que sus trabajadores cotizaban en un Grupo inferior al que le correspondía. Esto supone que los trabajadores, por error, no tenían cubiertas sus Contingencias Profesionales correctamente, lo que, en caso de accidente, hubiera determinado la obligación de la empresa de abonar las prestaciones derivadas de este accidente, pero que, mientras no ocurriera nada, la empresa estaba ahorrándose dinero de los Seguros Sociales todos los meses.

Tras reunión mantenida con la empresa, ésta nos comunica que cuando la empresa abrió, en los años 70, la naturaleza de la actividad era otra muy distinta a la actual, que había ido evolucionando y transformándose, y se habían olvidado del Código de Ocupación.

En la visita de Inspección explicamos a la inspectora actuante la realidad de la situación empresarial y la inexistencia de ánimo de fraude, ya que acreditamos que los salarios eran correctos y la evolución de la actividad empresarial.

Ante nuestras explicaciones y las pruebas aportadas la inspectora actuante decidió que no existía ilícito y se evitó la sanción para la empresa.

Una empresa cliente se encontraba realizando trabajos junto a otras empresas en una obra en la que la Inspección realiza una visita, resultando que dos trabajadores no estaban dados de alta en Seguridad Social y que son erróneamente imputados por el inspector a nuestra empresa cliente.

La vía administrativa falla y tanto nuestras alegaciones como el recurso de alzada son desestimados, debiendo plantear demanda ante el Juzgado de lo Social.

En el acto del juicio demostramos mediante la testifical de los dos trabajadores que estos no tenían relación con nuestro cliente, y además atacamos el acta de Inspección por haberse extralimitado en el conocimiento de los hechos, haciendo deducciones e hipótesis sin base alguna.

La demanda fue estimada y el Juzgado dictó sentencia absolviendo a nuestro cliente. La sentencia fue recurrida en suplicación por la Abogacía del Estado, siendo nuevamente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.